Los funcionarios de la administración pública están prohibidos de prestar servicios a particulares, con excepción de aquellos actos que sean compatibles con sus funciones oficiales y que no impliquen una restricción al ejercicio del derecho de libre competencia. No obstante, un funcionario puede desempeñar un segundo puesto de trabajo en la administración pública, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

Para poder ejercer un segundo puesto de trabajo, el funcionario debe solicitar y obtener autorización previa del órgano competente, que será el que valore si el ejercicio de dicho puesto es compatible con el desempeño del puesto oficial. De igual manera, se deberá tener en cuenta si el segundo puesto de trabajo puede supporter una posible conflictividad de intereses, así como si el funcionario dispone de tiempo suficiente para compatiblemente desempeñar ambos puestos.

En el supuesto de que el funcionario perciba retribuciones por el ejercicio del segundo puesto de trabajo, estas deberán ser compatible con la retribución percibida por el puesto oficial, de tal manera que no se produzca una sobreremuneración. Asimismo, el funcionario deberá comunicar el ejercicio del segundo puesto de trabajo al órgano de gestión de su personal, para que éste pueda autorizar o prohibir el ejercicio de dicho puesto.

¿Cómo regla general los puestos de trabajo serán desempeñados por funcionarios públicos?

Los puestos de trabajo en el sector público serán desempeñados, en general, por funcionarios públicos. No obstante, en determinadas circunstancias excepcionales, los puestos de trabajo podrán ser desempeñados por personal laboral. En todo caso, el personal laboral deberá tener la titulación o los requisitos exigidos para el puesto de trabajo a desempeñar.

La selección de los funcionarios se realizará mediante concurso o, en su caso, con oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 2/2015, de 30 de marzo, de selección del personal al servicio de las administraciones públicas, y en el estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

¿Quién autoriza la compatibilidad?

Los dispositivos móviles se han convertido en una parte vital de nuestras vidas. Nos permiten estar en contacto con nuestros seres queridos, trabajar, jugar, aprender y mucho más. Sin embargo, a medida que más y más personas usan dispositivos móviles, se hace cada vez más evidente que no todos los dispositivos móviles son compatibles con todos los demás. Esto puede ser frustrante para los usuarios, especialmente cuando se trata de compartir archivos o conectar dispositivos. ¿Quién autoriza la compatibilidad?

La compatibilidad es una característica importante de cualquier dispositivo móvil. Los dispositivos móviles deben ser compatibles con otros dispositivos y sistemas para que los usuarios puedan realizar tareas básicas, como enviar y recibir mensajes de texto, llamadas y correos electrónicos. También es importante que los dispositivos móviles sean compatibles con los sistemas operativos móviles más populares, como Android, iOS y Windows Phone. Sin la compatibilidad, los usuarios no podrían hacer uso pleno de sus dispositivos móviles.

Hay muchas empresas que se encargan de autorizar la compatibilidad de los dispositivos móviles. Estas empresas pueden ser fabricantes de dispositivos, operadores de redes móviles o desarrolladores de software. Las empresas que autorizan la compatibilidad deben asegurarse de que los dispositivos móviles sean compatibles con otros dispositivos y sistemas. También deben asegurarse de que los dispositivos móviles sean compatibles con los sistemas operativos móviles más populares. Sin la compatibilidad, los usuarios no podrían hacer uso pleno de sus dispositivos móviles.

¿Qué es la ley de incompatibilidad?

La ley de incompatibilidad es una norma que impide que una persona pueda ejercer, al mismo tiempo, cargos públicos de natureza federal y estatal. Es decir, que una persona no puede ser funcionaria de un organismo federal y, al mismo tiempo, ser funcionaria de un organismo estatal. Esta norma establece que el ejercicio de un cargo público incompatibles con otro implica la renuncia a uno de los cargos.

La ley de incompatibilidad se encuentra regulada en el artículo 99 de la Constitución Política de México, que establece que los servidores públicos deberán desempeñar sus funciones con probidad, y no ejercerán, simultáneamente, más de un empleo público. Asimismo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) también señala que los servidores públicos no podrán desempeñar cargos públicos electivos federales o locales.

La finalidad de la ley de incompatibilidad es evitar que un funcionario público tenga intereses en conflictos de interés, así como también impedir que acumule funciones que dificulten el ejercicio de sus obligaciones.

La Constitución y el COFIPE establecen algunas excepciones a la ley de incompatibilidad, como por ejemplo, que un servidor público puede ejercer cargos de elección popular, siempre y cuando renuncie a su cargo público. Asimismo, también se permite que un servidor público desempeñe cargos académicos, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones.

¿Qué es necesario para el ejercicio de la segunda actividad pública?

Para el ejercicio de la segunda actividad pública es necesario que el contribuyente haya obtenido previamente la autorización de la autoridad competente, y cumpla con los requisitos que señala la Ley. Asimismo, debe estar inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes y en el Registro Mercantil, en el caso de las sociedades. En cuanto al ejercicio de la actividad, ésta debe ser realizada en el territorio nacional, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

La autorización se otorga mediante resolución motivada, la cual es dictada por la autoridad competente, quien debe verificar que el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en la Ley. La autorización es personal e intransferible, y tiene una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de su otorgamiento. La renovación de la autorización se realiza mediante el mismo procedimiento establecido para su otorgamiento.

Para obtener la autorización, el contribuyente debe presentar la solicitud correspondiente, acompañada de los documentos que se señalan en la Ley. La autoridad competente, una vez que verifique que el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en la Ley, dictará la resolución correspondiente. En la resolución se especificarán los datos del contribuyente, la actividad que podrá ejercer y el territorio donde podrá ejercerla. Si la autoridad competente no dicta resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, se entenderá que se ha otorgado la autorización.

El contribuyente debe cumplir con los requisitos que señala la Ley para el ejercicio de la actividad. En particular, debe tener capacidad para contratar, no estar impedido para ejercer actividades comerciales y no haber sido condenado por delitos dolosos. Asimismo, debe cumplir con las obligaciones tributarias y, en el caso de las sociedades, debe estar inscrita en el Registro Mercantil.

La actividad debe realizarse en el territorio nacional, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. El contribuyente debe desarrollar la actividad en el lugar señalado en la autorización y, en el caso de las sociedades, debe mantener su domicilio social en el territorio nacional.