El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) es una ley orgánica que regula el régimen laboral de los funcionarios públicos de la Administración General del Estado. Su objetivo es establecer un régimen jurídico común para todos los empleados públicos, a fin de garantizar la igualdad de trato, la máxima eficacia y el imparcialidad en el servicio a los ciudadanos. Asimismo, el EBEP tiene como finalidad mejorar la calidad de la función pública y la eficacia de la administración. El Estatuto se aplica a todos los funcionarios de la Administración General del Estado, a excepción de los miembros del Gobierno, los parlamentarios, los jueces y magistrados, entre otros.

El EBEP se estructura en tres títulos. El primer título regula el régimen general de los funcionarios públicos. El segundo título se ocupa de la organización de la Administración General del Estado y el tercer título se refiere a la disciplina y el régimen sancionador.

En el primer título se regulan las condiciones de acceso al empleo público, el régimen de incompatibilidades, la situación administrativa de los funcionarios, el sistema retributivo, la protección por razón de edad, la prestación de servicios en el extranjero, entre otros aspectos.

En el segundo título se regulan las funciones de la Administración General del Estado, la organización territorial de la administración, el régimen jurídico aplicable a los órganos colegiados, el régimen de los servicios públicos, entre otros temas.

Por último, en el tercer título se regulan la potestad disciplinaria de la administración, el procedimiento sancionador, las medidas correctivas, el régimen especial de faltas graves y la responsabilidad civil y penal de los funcionarios.

¿Que regula el Estatuto Básico del Empleado Público?

El Estatuto Básico del Empleado Público es el marco normativo general que regula la relación laboral entre los empleados públicos y sus administraciones. En él se recogen los derechos y deberes de los trabajadores, así como las obligaciones de las administraciones publicas en materia de empleo publico. Se aplica a todos los empleados publicos, tanto a los fijos como a los interinos, y tiene como objetivo garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso y permanencia en el empleo publico. Asimismo, el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce el derecho de los trabajadores a la libre sindicalización y a la negociación colectiva.

El Estatuto Básico del Empleado Público se divide en cuatro grandes bloques:

• Derechos y deberes de los trabajadores.
• Régimen de incompatibilidades.
• Régimen de jornada de trabajo.
• Régimen retributivo.

En cuanto a los derechos y deberes de los empleados públicos, el Estatuto Básico del Empleado Público recoge una serie de derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho a la igualdad de trato, a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a la protección frente al despido arbitrario o a la protección frente a la discriminación. Asimismo, el Estatuto Básico del Empleado Público también recoge una serie de deberes de los trabajadores, como el deber de lealtad, de obediencia, de reserva de información o de probidad.

En cuanto al régimen de incompatibilidades, el Estatuto Básico del Empleado Público establece una serie de incompatibilidades para los trabajadores publicos, de forma que no puedan desempeñar determinadas actividades que puedan suponer un conflicto de intereses. Así, por ejemplo, un empleado público no podrá desempeñar actividades relacionadas con el ejercicio de su profesión u oficio mientras esté en situación de servicio activo.

En cuanto al régimen de jornada de trabajo, el Estatuto Básico del Empleado Público establece una serie de normas relativas a la jornada de trabajo de los empleados públicos. Así, por ejemplo, se establece que la jornada semanal de trabajo no podrá exceder de 40 horas, y que los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo de 12 horas consecutivas entre una jornada de trabajo y otra. Asimismo, el Estatuto Básico del Empleado Público también recoge el derecho a la reducción de la jornada de trabajo en caso de tener hijos menores de 12 años o en caso de tener una discapacidad igual o superior al 33%.

Por último, en cuanto al régimen retributivo, el Estatuto Básico del Empleado Público establece una serie de normas relativas a los sueldos y salarios de los empleados públicos. Así, por ejemplo, se establece que los empleados públicos percibirán un sueldo mínimo que garantice una vida digna y que no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional. Asimismo, el Estatuto Básico del Empleado Público también recoge el derecho a percibir una serie de complementos salariales por razones de Productividad, Calidad o Eficacia, así como el derecho a percibir una indemnización por despido improcedente.

¿Qué Ley regula el personal al servicio de las Administraciones Públicas?

La Ley 7/2007, de 12 de abril, regula el régimen jurídico del personal al servicio de las administraciones públicas y se articula en cinco libros: el Libro I, de los principios básicos; el Libro II, de los derechos y deberes de los funcionarios; el Libro III, de las retribuciones; el Libro IV, de las organizaciones sindicales; y el Libro V, de las disposiciones comunes a todos los funcionarios. La Ley define el estatuto básico del empleado público, estableciendo un régimen jurídico común a todos los funcionarios de las administraciones públicas, así como la organización sindical de los mismos y sus retribuciones. La Ley se aplica a los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como a los funcionarios laborales y al personal laboral de las administraciones públicas.

La Ley 7/2007 establece en su Artículo 1 los principios básicos que regulan el régimen jurídico del personal al servicio de las administraciones públicas. En concreto, se establece que el personal al servicio de las administraciones públicas deberá prestar su servicio con plena independencia e imparcialidad, así como velar por el cumplimiento y la defensa de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente. Asimismo, se establece que el personal al servicio de las administraciones públicas deberá ajustar su conducta a los principios de probidad, eficacia, eficiencia, lealtad, imparcialidad y responsabilidad.

El Artículo 2 de la Ley establece que el personal al servicio de las administraciones públicas deberá prestar su servicio con plena independencia e imparcialidad. El personal al servicio de las administraciones públicas deberá ajustar su conducta a los principios de probidad, eficacia, eficiencia, lealtad, imparcialidad y responsabilidad. Asimismo, se establece que el personal al servicio de las administraciones públicas deberá velar por el cumplimiento y la defensa de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente.

En el Artículo 3 de la Ley se establece que el personal al servicio de las administraciones públicas deberá ajustar su conducta a los principios de probidad, eficacia, eficiencia, lealtad, imparcialidad y responsabilidad. Asimismo, se establece que el personal al servicio de las administraciones públicas deberá velar por el cumplimiento y la defensa de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente.

Por último, el Artículo 4 de la Ley establece que el personal al servicio de las administraciones públicas deberá velar por el cumplimiento y la defensa de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente.

¿Qué normativa regula el régimen disciplinario del personal laboral?

El régimen disciplinario del personal laboral se regula por el Estatuto de los Trabajadores. En su Título VII dedica un capítulo a la Responsabilidad del trabajador. En el artículo 55 se recogen las faltas que pueden ser objeto de sanción por parte del empresario. La sanción no puede suponer una disminución de la retribución ni de las condiciones de trabajo y debe ser proporcionada al grado de culpabilidad del trabajador. En el artículo 58 se establece que las faltas muy graves pueden suponer la extinción del contrato de trabajo por causas disciplinarias. No obstante, el trabajador tiene derecho a un procedimiento de audiencia previa en el que se le debe notificar la causa de la sanción y facilitarle la defensa.

En el artículo 63 se establece que el procedimiento disciplinario debe incluir una investigación previa en la que se recaban pruebas y se oye al trabajador. A continuación, se celebra un acto de conciliación en el que se intenta llegar a un acuerdo entre el trabajador y el empresario. Si no se llega a un acuerdo, se inicia el procedimiento sancionador en el que se notifica al trabajador la sanción que se le impone. El trabajador tiene derecho a recurrir la sanción ante un juez.

¿Qué derecho regula el Trebep?

El derecho penal regula el Trebep o Tribunal de Enjuiciamiento Penal. Este tribunal se encarga de dar sentencia a los delitos cometidos en el territorio nacional. No obstante, el Tribunal de Enjuiciamiento Penal no es el único tribunal que se encarga de este tipo de delitos. En la actualidad, también existen los tribunales de instrucción y de apelación.

El Tribunal de Enjuiciamiento Penal se compone de un presidente, un fiscal y un secretario. El fiscal es el representante del Ministerio Público y el secretario es el encargado de llevar el expediente. El presidente es el que dicta las sentencias y resuelve los conflictos que se presenten en el tribunal. Los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento Penal no son elegidos por el pueblo, sino que son designados por el gobierno.

La sentencia que dicta el Tribunal de Enjuiciamiento Penal es irrevocable e inapelable. Esto quiere decir que una vez que se dicta una sentencia, no se puede cambiar ni anular. Si el acusado no está de acuerdo con la sentencia, puede recurrir a los tribunales de instrucción o de apelación, que son los que tienen la última palabra en estos casos.